La lucha por introducir el respeto por los derechos humanos en la estrategia empresarial: una perspe
Entre el 23 de octubre y el 27 de octubre tuvo lugar en Ginebra, Suiza, el tercer período de sesiones del "Grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta sobre las empresas transnacionales y otras empresas comerciales con respecto a los derechos humanos". Con motivo de este evento, este reporte aborda la lucha histórica por establecer el respeto por los derechos humanos dentro de la estrategia de negocios globales.
Los primeros intentos de proporcionar a las empresas multinacionales responsabilidades en materia de derechos humanos se remontan a 1974, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas creó tanto la Comisión como el Centro de Información e Investigación sobre las Empresas Transnacionales. La Comisión formada por cuarenta y ocho miembros de la ONU tenía el mandato de definir el término "empresas transnacionales" y un código de conducta para las empresas transnacionales. Como resultado, se creó un Borrador de Código de Conducta en 1983. Contenía deberes para las empresas transnacionales en los países receptores, como el respeto de los derechos fundamentales y sus objetivos de desarrollo, junto con la protección de los consumidores y el medio ambiente. Lamentablemente, el documento nunca fue aprobado oficialmente. Este primer intento se ve seguido por décadas de falta de acuerdos entre las partes involucradas: la sociedad civil, asociaciones empresariales e instituciones gubernamentales.
El segundo intento se realizó en 2003. La Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos presentó a la Comisión de Derechos Humanos, la institución que hoy es el Consejo de Derechos Humanos, un documento que proponía un conjunto de normas de derechos humanos aplicables a los actores privados. Surgieron pues las "Normas 2003", que hacían que las actividades comerciales estuvieran sujetas al derecho internacional. Sin embargo, la Comisión de Derechos Humanos no defendió la propuesta y no avanzó, una vez más.
La no aprobación de las "Normas 2003" produjo una fuerte división entre las partes antes mencionadas del debate. Por lo tanto, el Secretario General de la ONU, Kofi Annan, nombró al Dr. John Gerard Ruggie Representante Especial del Secretario General (SRSG) sobre el tema de los derechos humanos y las corporaciones transnacionales y otras empresas comerciales. Su trabajo finalizó en 2011 con el respaldo unánime de "Los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos" por parte del ACNUDH. Estos principios se basan en tres pilares: el deber del Estado de proteger los derechos humanos; la responsabilidad de las empresas de respetarlos; y la obligación conjunta de ofrecer reparación a las víctimas de violaciones de los derechos humanos. Este documento es considerado por la comunidad internacional como "la ruta a seguir" para el desarrollo de este tema.
Finalmente, el último intento de reabrir el debate sobre un tratado internacional vinculante en el tema de las empresas y los derechos humanos fue la declaración conjunta lanzada por Ecuador durante el 24º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos. Esta declaración solicita un diálogo formal para el desarrollo de un protocolo vinculante que regule las empresas transnacionales en términos de derechos humanos. La declaración fue firmada por más de 80 países, y la presión ejercida vio sus frutos en 2014 con la resolución A / HRC / RES26 / 9. Esta resolución abre el mandato de elaborar "un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre las empresas transnacionales y otras empresas comerciales con respecto a los derechos humanos ".
El proyecto de informe de la tercera sesión establece que se realizará una cuarta sesión en 2018. Y se llevará a cabo después de las consultas correspondientes sobre este tema con diferentes agentes estatales y sociales.
Más de 80,000 corporaciones transnacionales operan en todo el mundo. Algunos de ellos con la capacidad de generar un ingreso igual al producto total de un país. Es un momento precioso y desafiante para que instituciones como la Unión Europea y países como el Reino Unido e Irlanda del Norte, Rusia y los Emiratos Árabes Unidos, todos ellos partícipes en la sesión, finalmente decidan responsabilizar a las empresas cuando éstas se ven involucradas en abusos de los derechos humanos.